[Diálogos RT] El derecho al trabajo de las personas Trans

El derecho al trabajo de las personas Trans

por la Lic. Ludmila Fredes

Numerosos estudios sobre la problemática del desempleo y el surgimiento de nuevas formas de inserción en el mercado de trabajo han permitido comprender los nuevos desafíos de la política pública respecto al acceso al trabajo. Un elemento importante que se ha desarrollado en los últimos años tiene que ver con la incorporación de la perspectiva de género y diversidad sexual en el estudio de la problemática del empleo en nuestro país.
La desigualdad de género entendida como un fenómeno estructural en nuestra sociedad nos permite comprender las diferentes formas de opresión y subordinación que padecen mujeres y LGBTIQ+. La comprensión de las desigualdades implica identificar los elementos que conforman y operan en la opresión ya que no es homogéneo ni estático. No podemos afirmar que todas las personas padecen las mismas discriminaciones y violencias a razón de su identidad de género u orientación sexual. Ni tampoco que todas las personas desarrollan las mismas vivencias. El concepto de interseccionalidad acuñado por Kimberle Crenshaw nos permite realizar análisis más integrales sobre la problemática. Afirmando que cada persona sufre opresión u ostenta privilegio en base a su pertenencia a múltiples categorías sociales.
Particularmente la personas travestis y trans pertenece al sector con mayor vulnerabilidad social debido a los altos niveles de exclusión. Exclusión que es histórica y se asocia a los derechos esenciales: salud, vivienda, educación, trabajo y justicia. Como así también padecen la estigmatización, la criminalización y la patologización sistemática en manos de las instituciones y de la sociedad en su conjunto.
Los indicadores estadísticos son escasos y los que existen surgen de grandes esfuerzos de las organizaciones activistas. Las mediciones son clave para poder planificar, implementar y evaluar el impacto de las políticas públicas.
En 2012, se llevó adelante la Primera Encuesta sobre Población Trans (INADI e INDEC, 2012), la cual arrojó los siguientes indicadores: El 80% expresó dedicarse a actividades vinculadas a la prostitución y trabajos informales de precaria estabilidad. Los indicadores demuestran también un alejamiento/exclusión temprana del hogar familiar y en consecuencia la interrupción del proceso educativo. Elementos que intervienen de manera directa y negativa en sus posibilidades de inserción en el mercado de trabajo. Así como también en la elección de la prostitución como alternativa para lograr sustento económico. La expectativa de vida del colectivo trans es de 35 a 40 años aproximadamente.
La militancia de este colectivo ha desarrollado diversas estrategias de visibilización de la problemática, como así también el desarrollo de diferentes formas de autoempleo, proyectos de autogestión, cooperativas de trabajo de la mano de la organización popular.
Referentes como Lohana Berkins han participado en la construcción de espacios laborales y pedagógicos como La Escuela Cooperativa Textil de Trabajo para Travestis y Trans Nadia
Echazú. La primera empresa social gestionada y administrada por travestis. O iniciativas como “Contratá Trans” que funcionan como bolsa de trabajo para mejorar las condiciones de inserción socio laboral de las personas trans e incentivar su contratación.
Como sabemos el contexto de la pandemia por COVID-19 ha profundizado las desigualdades y durante el 2020 el colectivo travesti-trans se ha enfrentado a grandes dificultades. Como respuesta a esta situación en 2020 desde el Estado nacional se sancionó el decreto presidencial Nº721 que establece un cupo laboral del 1% en la administración pública para personas travestis, transexuales y transgénero. La normativa se basa en el desarrollo de una política pública que busca dar respuesta no solo al contexto y la lucha histórica del colectivo sino también fortalecer la consagración de derechos establecidos en la ley 26.743 de identidad de género. Durante estos meses han sido noticias varias incorporaciones como el caso de Luz Aimee Díaz en el Departamento de Géneros y Diversidad Sexual de la Dirección General de Recursos Humanos en la Cámara de Diputados. Cabe destacar que a partir de la creación de espacios institucionalizados de género y diversidad sexual en los distintos niveles del Estado se incorporan personas trans en cargos políticos de jerarquía como los casos de Alba Rueda y Ornella Infante, y el fortalecimiento de dichas temáticas en la agenda política.
En este mismo sentido, hace pocos días atrás se logro la media sanción en la cámara de Diputados del proyecto de ley para la Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero, que busca complementar lo estatuido en el decreto presidencial.
Algunos lineamientos esenciales del proyecto establecen la importancia de garantizar el cumplimiento del cupo en todos los organismos como así también a lo que respecta a la distribución geográfica. Se incluye el fortalecimiento de acciones de sensibilización con perspectiva de género y de diversidad sexual en los ámbitos laborales. Elemento considerado fundamental para los dispositivos institucionales de acompañamiento que desplieguen las áreas estatales para garantizar la permanencia y estabilidad en las incorporaciones. En este punto es importante poder trabajar sobre lo que se denomino “incivismo selectivo”, entendido como una nueva forma de discriminación moderna. Este tipo de violencia se vincula con las formas de violencia psicológica, simbólica según la definición de distintos autores como Kabat-Farr y Cortina. Este concepto permite analizar el modo en que la discriminación se reproduce en las organizaciones. Se materializa en chistes, rumores y comentarios. Situaciones que producen malestar en el trabajo pero que pasan inadvertidas por su naturalización y puede tener efectos sobre la salud, el bienestar y la permanencia en los ámbitos laborales. El mayor desafío es desarrollar estrategias de intervención para abordar los estereotipos y prejuicios que generan segregación, por tal motivo las acciones de sensibilización cobran relevancia.
En el proyecto de ley también se incorpora la prioridad en las contrataciones del Estado para las compras de insumos y provisiones a personas jurídicas o humanas del ámbito privado que incluyan en su planta laboral a personas travestis, transexuales y transgénero.
Respecto al sector privado se plantea incentivos basados en que las contribuciones patronales que se generan por la contratación de las personas beneficiarias de la Ley podrán tomarse como pago a cuenta de impuestos nacionales.
Por último el acceso al crédito. Se proponen líneas con tasa preferencial para el financiamiento de emprendimientos productivos, comerciales y/o de servicios, individuales o asociativos, destinados específicamente a personas solicitantes travestis, transexuales y transgénero, a cargo del Banco de la Nación.
Como sucedió con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, lxs Senadorxs tendrán la decisión final. Pero además nos enfrentamos nuevamente al tratamiento de un proyecto de ley que demuestra la centralidad que cumplen los colectivos militantes en la conquista de derechos.
Debemos afirmar y destacar el rol que han cumplido a lo largo de las últimas décadas las organizaciones activistas de LGBTIQ+ para consagrar los derechos fundamentales que se encuentran plasmados en las leyes como Identidad de género y Matrimonio igualitario. Y no casualmente este proyecto se denomina “Diana Sacayán-Lohana Berkis” en honor a las principales mentoras e impulsoras de estos cambios normativos.
El derecho al trabajo de las personas trans es el puntapié para romper con los destinos ya escritos y construir la certeza de que otras vidas son posibles de ser vividas.